Una vacuna llamada Medellín

UNA VACUNA LLAMADA MEDELLIN

Luis Pérez

La ciudad tiene una violencia invisible que se expande sin límites: La vacuna extorsiva. Es un problema que todos ocultan como si fuera una enfermedad maldita. La vacuna extorsiva ha creado una realidad cruel, invisible, y es un cáncer social que alimenta en silencio la violencia y engorda a los ilegales.

En Medellín las vacunas se propagan como el viento. El miedo colectivo hace invisible una jugosa economía ilegal que aceita el crimen y violenta la institucionalidad.

Según Semana, y según todo el mundo, los Transportadores de la ciudad están vacunados. 176 rutas pagan con discreción por cada bus cerca de $30.000 diarios. Cada mes son más de $2.000 millones y al año más de $25.000 millones, en efectivo.   

En el Centro de Medellín, las vacunas son un exquisito negocio que silenciosamente se chupa ganancias de comerciantes, pobres y ricos.

Los vendedores ambulantes pagan vacunas para permanecer en el espacio público.

Los semáforos de la ciudad no solo sirven para controlar el tránsito, en cada uno de ellos se mueve una misteriosa economía. Cada semáforo tiene dueño. Los que se ganan la vida en semáforos pagan su vacuna o los destierran. La vacuna se calcula según el punto y la congestión. Cada semáforo tiene su propio conflicto. Hay personas que se matan por un semáforo.

Las esquinas de alto tráfico también tienen dueños, y los que ahí se instalen para vender o comprar o alquilar, tienen su vacuna.

A travestis del Centro, ilegales les cobran vacunas semanales y si no pagan los someten a violaciones. Es decir, la vacuna travesti se paga en efectivo o en especie sexual. (Denuncia Personería)

En la Comuna trece, el IPC dice que el comercio barrial no se salva de la vacuna. Tiendas, panaderías, carnicerías, legumbrerías, peluquerías, talleres y almacenes de ropa pagan cuotas variables, desde 5.000 hasta 50.000 pesos semanales, de acuerdo con sus negocios. Hay vacunas en especie: “Llegan a las tiendas, consumen lo que les da la gana y se van sin pagar”, dice un comerciante. Los habitantes también están amarrados a las “vacunas”. Cada semana pasan varios jóvenes cobrando entre $2.000 y $5.000.

Y así la vacuna se extiende a los barrios populares. El comercio en barrios populares paga su vacuna, el que se niegue, lo amenazan con llenarlo de petardos. (El Espectador).

Hay también vacunas para permitir a empresarios distribuir sus productos en zonas periféricas de Medellín. (El Tiempo).

En bahías para taxis no pueden parquear todos los taxis, solo los que pagan vacunas, los demás, en silencio siguen derecho.

Los jibaros que abundan en las escuelas de la ciudad pagan vacunas o mueren o son expulsados de su territorio.

Resulta paradójico: En teoría se acabaron los paramilitares pero no se acabaron las vacunas.

Las vacunas extorsivas son empresas. La misma policía asegura que 140 combos se disputan las empresas de vacunas. Las vacunas varían con el mercado. Se actualizan con la inflación o se aumentan si al vacunado se le ve prosperidad.

El dinero de las vacunas es plata del diablo que engorda la violencia y empieza a generalizar una cultura de ilegalidad que carcome en silencio a la ciudad. Detrás de ese velo que oculta las vacunas, se esconde el sufrimiento  de los vacunados y las guerras internas entre quienes se disputan esa jugosa economía ilegal de las vacunas.

Las vacunas son una realidad invisible que hay que destapar para erradicarla. Ciudadanos y gobernantes necesitamos unirnos para devolver la cultura de la legalidad a la sociedad y erradicar los ejércitos ilegales que gobiernan a su gusto imponiendo por la fuerza el impuesto extorsivo de la vacuna.

No al Medellín gatillero

NO AL MEDELLIN GATILLERO

 Luis Pérez

La ciudad viene, desbocada, sufriendo una violencia inhumana y galopante. Y, muy grave, se observa aperezamiento de la Alcaldía para enfrentar la crisis. No tiene la ciudad gerencia pública contra la violencia, ni liderazgo que convoque a unir fuerzas contra la amenaza que Medellín se convierta en ciudad de gatilleros. Las respuestas de la alcaldía al clamor de la ciudadanía dan desesperanza. La inseguridad es tan real, que no hay maquillaje que sirva. La inseguridad es tan dramática que cualquier máscara la empeoraría. Se respira miedo urbano por todas partes: +Los homicidios han aumentado por toda la ciudad. No hay espacio vedado para el regreso de los gatilleros. . +El Mundo, julio 24 de 2009, titula: “Los combos retan al estado”. En la comuna nororiental, caravanas ilegales armadas, “recomendaron” cerrar el comercio, paralizar el transporte, y paró el Metrocable por miedo. Los ilegales dictaron toque de queda en las narices de las autoridades. +La Alcaldía de Medellín reconoció, en Radio Súper, que tiene pagados un grupo de 5.400 desmovilizados y jóvenes que entregan armas, con una beca de $400.000 mensuales, desde hace 6 años. La mayoría de ese ejército es ilegal y usan ese dinero de la Alcaldía para comprar armas. Fajardo Landaeta, exconsejero de paz, El Tiempo, Fernando Soto, vocero nacional de desmovilizados y muchos expertos, aseguran que mayoría de desmovilizados están delinquiendo, y aun así, las becas se siguen repartiendo. A esos jóvenes hay que darles un empleo digno para que se retiren de actividades ilícitas en lugar de tener un ejército con gatilleros pagados por la alcaldía. Asi se está construyendo una ciudad de gatilleros. +El Mundo, Julio 10 de 2009, asegura que en la Comuna Trece otra vez los violentos mandan: Homicidios, extorsiones, plazas de vicio, balaceras ocupan el panorama de la Comuna Trece. Hay toque de queda de facto. Hasta las iglesias cierran temprano. +El Tiempo, agosto de 2009, dice que a ojos vistos, hay más de 750 casas de vicio en Medellín que producen en promedio $600.000 diarios cada una y que tienen como clientes a más de 100.000 personas. O sea, doble escándalo: Los 100.000 drogadictos y los $150.000 millones anuales de utilidades de las casas de vicios que engordan la violencia. El narcotráfico y la ilegalidad carcomen la ciudad. Las bandas imponen posición dominante en el mercado de la droga en el sector donde controlan territorio. El consumo y comercialización de drogas en instituciones educativas traspasa todas las fronteras permisibles, sin que se observe una política agresiva de prevención. El remedio de hacer el Toque de Queda Discriminatorio para menores en algunos barrios es de triple filo. Primero. Crea un pánico social que la imagen internacional de la ciudad pagará caro por muchos años, afectando negativamente el turismo, el empleo y la inversión. Ya en todo el mundo se comenta la medida por Internet como si Medellín fuese el infierno. Segundo. La ciudad regresa a la odiosa discriminación de jóvenes de barrios populares a quienes se les va a manchar porque no nacieron para semilla, y se les cerraran las puertas en colegios, redes sociales, universidades y empresas por considerarlos parte de una supuesta “escoria social” por la discriminación del toque de queda. Regresan las murallas sociales invisibles. Y tercero. El toque de queda discriminatorio estimula el desplazamiento intraurbano de jóvenes a otros barrios donde pueden sufrir nuevas violencias por “invasión” de territorios. A Medellín se la disputan los que prohíben. Combos, vendedores de drogas, jefes de combos, delincuentes informales en busca de gloria, y ahora el toque de queda discriminatorio. Urge una convocatoria a la restauración de la ciudad.

DESERCION EN EDUCACION SUPERIOR:

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UN CANCER NACIONAL

Luis Pérez

La deserción es una peste para el sistema educativo. La altísima deserción de estudiantes destruye todos los esfuerzos que se hacen para aumentar cobertura.

Mucho se ha debatido sobre la deserción en primaria y secundaria, pero no se tienen remedios efectivos. En esos niveles educativos la deserción es tan palpitante, que en la educación rural, por ejemplo, de 5 niños que empiezan primaria solo termina uno. Y en bachillerato es peor. La política de ampliación de cobertura es derrotada de inmediato la deserción.

Y muy poco se habla de la deserción en la educación superior, como si no existiera. Pero la deserción en educación superior es aun más grave que en niveles educativos inferiores.

Si se construye una serie de tiempo a partir de la información histórica de 15 semestres académicos entre matriculados y graduados en Colombia entre 2002 y 2008, se observa una clara tendencia a que semestre tras semestre se gradúan solo el 38% de los que ingresan. En promedio, a la educación superior ingresaron 164.387 estudiantes por semestre y se graduaron 73.090 estudiantes.

En términos estadísticos, la deserción por cohorte en la educación superior en Colombia está en 62%. En promedio, solo se gradúan en la cohorte el 38% de los que se matriculan. Son muchos más los estudiantes que desertan del sistema. El país está botando grandes recursos y esperanzas en ingresar jóvenes que para nada les sirve unos pocos semestres de educación superior.

En los últimos siete años,  900.000 jóvenes, que en algún momento se matricularon en la educación superior, se retiraron del sistema sin terminar. Para ellos la educación superior fue un desperdicio y un engaño. Y otros 400.000, se quedan 15 o 20 semestres calentando sillas universitarias sin graduarse y a la larga se convierten en desertores pasivos. Entre desertores activos y pasivos hay un desperdicio humano de más del 62% de los que se matriculan.

En Antioquia la deserción es menor que el promedio nacional, pero sus indicadores son extremadamente graves. La deserción por cohorte es del 52%. En promedio cada semestre, ingresan a la educación superior en Antioquia  21.847 y se solo gradúan 9.757. De 100 que se matriculan NO se gradúan 52.

Vistas así las cosas, para un gran porcentaje de jóvenes, la educación superior se constituye en un engaño donde gastan dinero, esfuerzo y tiempo y en nada les mejora la calidad de vida ni el trabajo.

Se tiene un sistema de educación superior de bajísima eficiencia. Aunque existen instituciones mejores que otras, la deserción es un mal general que carcome todo el sistema.

Es urgente que el Ministerio de Educación, El Icetex, las ONG que luchan por la equidad, y las universidades mismas, convoquen a una gran reflexión nacional sobre la deserción en la educación superior pues la ampliación de cobertura se convierte en una falacia derrotada por la deserción. No hay en esencia avance.

Si la deserción no se controla, en educación superior vamos como el cangrejo.

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La CREG acorralada por la Corrupción

Luis Pérez

Transparencia Colombia investiga sobre el riesgo de corrupción en entidades estatales. En 2008, examinó las 138 entidades del gobierno nacional más importantes entre las que incluyó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG. La CREG se considera la más técnica y científica, expide complejas resoluciones de tarifas que ni la gente ni el Presidente entienden; y obliga, contra todos los principios, a que las tarifas de energía suban cada año más del 200% la Inflación. Esa CREG no tiene quién la ronde. Desatendiendo los dictámenes de la sentencia 41 de 2003 de la Corte Constitucional que exige participación del usuario, la CREG impuso la doctrina que la gente, los usuarios, nada tienen que decir en regulación de tarifas. Y legisla a su antojo. A EPM, por ser pública, se le prohíbe crecer más del 25% en generación de energía por convertirse en posición dominante del mercado; pero a ISA con el 82% del mercado de transmisión de energía, la CREG no la considera dominante ni le prohíbe crecer. Con tanta fastuosidad, con tanta soberbia institucional, con tanto odio por la política, con tanto desprecio por el pensamiento ciudadano, uno esperaría que la CREG fuese la mejor calificada por Transparencia Colombia. Pero no es así. Al contrario, Transparencia Colombia descubrió la gran cercanía entre la CREG y la Corrupción. El nefando Indice de Transparencia Nacional de la CREG fue 35.9% lo que en riesgo de corrupción le mereció el vergonzoso puesto 135 entre 138. Este deshonroso puntaje en el ITN indica que en la CREG “existen condiciones institucionales que favorecen en máximo grado la corrupción”. La CREG se compone de cinco miembros nombrados a dedo por el Presidente para períodos de cinco años. Para regular tarifas expiden confusas teorías adobadas con largas ecuaciones con el fin de que ni los jueces ni el Presidente ni la gente entiendan ni tengan aliento de reclamar. No observan el principio de simplicidad y detrás de esa oscuridad científica se vuelve indistinguible la corrupción. Cinco personas nombradas a dedo dictan resoluciones con fuerza de ley y suplantan al Congreso de la República desde hace 15 años en el vital tema de los SSPP. Qué vergüenza! La privatización de empresas de energía se hizo con la promesa que las tarifas rebajarían, pero fue falso. Cada año las tarifas aumentan más del 200% la inflación y ahí es evidente el fracaso de la CREG. Los ciudadanos de Colombia pagamos anualmente más de $15 millones de millones de pesos en tarifas de energía. Es un mercado más grande que el narcotráfico. Por cada un uno por ciento de más que le suban a las tarifas, le quitan a los usuarios $150.000 millones año; y como es común, si le suben un 10% de más a las tarifas, le “roban” a los usuarios 1.5 millones de millones de pesos año. Son cifras escandalosas que no caben en la cabeza! Una CREG con condiciones institucionales de máximo riesgo de corrupción no es garantía para manejar semejantes cifras del bolsillo directo de la gente. La CREG no fue capaz de autoconstruir una entidad justa y alejada de la corrupción. Por dignidad, la CREG debería disolverse. Es hora que el Presidente Uribe muestre su talante de reformador, su real interés por combatir la corrupción y su corazón grande a favor de la gente. Debería dictar de inmediato una reforma total de la CREG. Si el Presidente Uribe no se interesa, qué bueno que candidatos presidenciales se comprometan a disolver la CREG y crear un organismo más justo para usuarios y empresarios que le devuelva la racionalidad al mercado de las tarifas de energía.

ISAGEN PARA EPM

 Luis Pérez

El Presidente Uribe acaba de anunciar que la Nación está dispuesta a venderle a EPM el 57% de las acciones de Isagen; y, de paso, modificar las normas regulatorias de posición dominante en GENERACIÖN del sector eléctrico, que impiden que una empresa posea más allá del 25% de la capacidad instalada del país. De todas maneras, ese tope del 25% en generación de energía, es un absurdo oscuro montado por la CREG pues la posición dominante es constitucional, es natural, y es una constante que existe en todos mercados del planeta, libres o no. Lo que es ilegal, es el abuso de posición dominante y es ahí donde debe actuar la CREG. De hecho, ISA, tiene posición muy dominante en el Sistema de Transmisión Nacional de Energía, que es una parte bien definida de la tarifa, así como lo es la Generación. Con la complacencia de la CREG, ISA posee el 70% de la red de transmisión nacional. Qué tal que la CREG diga que ISA no puede tener más del 25% de la red del STN?. Sería un caos para Colombia. Inexplicable, que le acepten a ISA ser propietario del 70% de las Líneas de Transmisión; pero en Generación de Energía, que es el fuerte de Antioquia, impidan a EPM generar más del 25% de la energía. Ese tope del 25% en capacidad instalada de generación, ha entorpecido el crecimiento de EPM y de Antioquia. La oportunidad que EPM sea dueña de Isagen, es una buena nueva que debe llenar de entusiasmo a EPM y a Antioquia. EPM se consolidaría como la empresa de generación de energía más importante de Colombia; y Antioquia, recuperaría parte de la autonomía perdida. Son muchos los beneficios. Pero sin duda, el más inmediato es optimizar la Cadena Nare Guatape. Para resaltar, en la Cadena Nare – Guatapé hay cuatro centrales de generación, con sus respectivos embalses. Dos son de EPM (Guatapé y Playas) y dos son de Isagen (Jaguas y San Carlos). El embalse líder es del Peñol, que pertenece a EPM, y almacena energía para utilizarla en tiempos de sequía. San Carlos, de Isagen, es la central más grande, la cual genera energía de las aguas que vienen de las centrales de Guatapé y Jaguas y de los ríos Guatapé y San Carlos. Si se optimiza la Cadena, todo se reduciría a un gran embalse, el del Peñol, y a una gran Central, San Carlos. Y como, EPM e Isagen operan en forma independiente sus centrales de generación, la ineficiencia es alta. Analistas estiman que al optimizar la cadena Nare Guatape, EPM podría tener ganancias adicionales de más de 150 millones de dólares anuales. O sea, que es el país el que está perdiendo este dinero por falta de sinergia entre entidades del estado. San Agustin decía que en lo esencial, UNIDAD. Es urgente que Antioquia toda se una para lograr que EPM sea propietaria de ISAGEN. Esta decisión debe acelerarse porque el presente cuatrienio de Uribe se está terminando. La Alcaldía y EPM deberían convocar a la Gobernación, a los congresistas, a la gran dirigencia antioqueña, y a los Medios de Comunicación nuestros, a construir un frente común para acelerar el negocio y lograr que la CREG cambie las normas. Si la CREG se resiste a modificar las normas, el Presidente de la República puede por ley reasumir la competencia para regular los SSPP y en un Decreto hacer los ajustes pertinentes. Que Isagen pase a ser propiedad de EPM es un paso histórico para EPM y para el buen futuro de Antioquia.